sábado, 16 de abril de 2011

Se desatará un grave conflicto social si el gobierno permite apertura de Dragón: CCI

Viernes, 15 de abril de 2011
Yadira Llaven.- Afectados por la explosión de la empresa Dragón, instalada en Izúcar de Matamoros, exigieron que el gobernador Rafael Moreno Valle cumpla con su palabra y clausure definitivamente la empresa productora de agroquímicos.
Advirtieron que si el Ejecutivo avala la reinstalación de la fábrica en los próximos días, dicha decisión generará un conflicto social mayor que el perpetrado hace unos días en Miahuatlán.
“Que no se equivoque el gobernador, porque el asunto de la empresa Dragón se puede convertir para Rafael Moreno Valle como el caso Lydia Cacho con Mario Marín Torres”, sentenció Miguel Calderón Moreno, presidente de la Comisión Ciudadana Izucarense (CCI).
El caso fue expuesto ayer en el Foro sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Región de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, efectuada en la Universidad Iberoamericana campus Puebla.
A un año de la explosión y la clausura de la empresa Dragón, ocurrida el 23 de marzo de 2010, los denunciantes expusieron que se enfrentan con todas las desventajas que esto implica, contando únicamente con la fuerza de la participación ciudadana.
A costa de su libertad y patrimonio, la asociación civil hizo público el problema que “solos, con una soledad mezquina, enfrentamos los izucarenses”, pues argumentaron que ni el gobierno local, estatal y federal se ha querido enfrentar a la empresa y responsabilizarla de los daños humanos y materiales que han causado desde hace 20 años que se instalaron en la comunidad.
Por tal razón, aseguraron que la fábrica cuenta con la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes buscan, por todos los medios, la reapertura de Dragón.
Al respecto, Miguel Calderón recalcó que sola la comunidad de Izucar está resistiendo y resolviendo el conflicto que perjudica la vida y la salud de la población.
Relataron que la empresa de agroquímicos alega ser una razón social limpia, que no contamina, que aporta al progreso de Izúcar de Matamoros, que otorga fuentes de trabajo y que finalmente a ellos le deben las gracias por estar establecidos en el municipio; sin embargo, destacaron que la organización cuenta con información y evidencias que revela que los agroquímicos que produce Dragón no sólo causan cáncer a la gente, por los efectos de su operación, sino que además los tóxicos altamente peligrosos que desecha contaminan el aire, el agua y el suelo.
Ante la posibilidad de que la fábrica abra nuevamente sus puertas, los ciudadanos afectados precisaron que desde hace 12 meses, cuando ocurrió la explosión, el pueblo decidió que se tiene que ir de Izúcar.
Pese a todas las maniobras de la empresa Dragón para boicotear a la CCI, informaron que el pasado 7 de abril entró a la fábrica personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y un grupo de especialistas del Colegio de Toxicología de Jalisco, estos últimos contratados por el ayuntamiento para realizar una investigación científica sobre los químicos con los que trabajan.
El dictamen, precisaron, se dará a conocer a fin de mes o en la primera semana de mayo.
Por lo pronto, adelantaron que los ciudadanos afectados van a respetar los resultados científicos, ya que confiaron que éstos saldrán a favor de la población, ya que está demostrado que Dragón es una empresa altamente peligrosa.
Para enfrentar el proceso jurídico que enfrentan ocho integrantes de la CCI, por supuesto “daño moral” a la fábrica, que les exige el pago de 61 millones de pesos, revelaron que cuentan con la información requerida. Han recabado tres actas de defunción, entre ellas de un menor de edad, que fallecieron por problemas que les provocó la empresa; además, cuentan con la denuncia de un bombero, quien está a punto de perder el oído a causa de la explosión, y 60 casos de cáncer documentados por el IMSS, entre otras pruebas.
Informaron que Dragón genera sólo 250 plazas de empleo, que en lugar de impulsar la economía de la localidad, la quebranta; ya que explicaron que los trabajadores de dicha empresa es el primer círculo afectado en su salud, que en lugar de mejorar su condición financiera, la empeora.
Al último, dijeron que la respuesta es firme: a nosotros nos interesa todo tipo de empleos, pero las plazas de Dragón sólo nos causan enfermedad y pobreza.

Aún es evidente el mal manejo de sustancias en la fábrica Dragón, señalan especialistas

Jueves, 14 de abril de 2011

Miguel Ángel Domínguez, La Jornada de Oriente.- Investigadores y especialistas ambientales afirmaron que en la empresa Dragón aún es muy visible el mal manejo de las sustancias químicas con las cuales trabajan cotidianamente, problema que el año pasado provocó una contingencia en la zona.
Al presentar a las autoridades locales un primer avance del dictamen realizado a la compañía Agricultura Nacional S.A., Raquel Gutiérrez Nájera, Premio Nacional de Ecología 2009, y quien fue contratada por el ayuntamiento para llevar a cabo esa tarea, sentenció que bajo las anteriores condiciones será difícil que cumpla con los parámetros de seguridad, operatividad y cuidado del medio ambiente requeridos para su funcionamiento.
Adelantó que su encomienda tendrá como base contemplar los hechos ocurridos el 23 de marzo del año pasado, pero de igual manera sumarán todos aquellos datos que abarquen desde 1994, fecha de apertura de la fábrica de químicos en este municipio.
El dictamen completo que se presentará, expuso, incluirá una evaluación final del funcionamiento técnico, de seguridad industrial, así como del cumplimiento ambiental de la empresa. Además de que será fundamental tomar en cuenta toda la parte social que implica su permanencia.
La especialista destacó que en nuestro país muchas empresas de este tipo generalmente cumplen con todos los requisitos que marca la ley, sin embargo, es hasta que presentan algún tipo de anomalía cuando la sociedad se interesa por el tipo de seguridad interna y externa que tienen para responder una contingencia. Lamentablemente, soslayó, muchos desconocen que incluso la legislación mexicana contempla la incidencia del gobierno cuando está en riesgo la salud de la población y la ecología.
Por su parte, la toxicóloga Luz María Cueto Sánchez, y quien también participa en esa encomienda, refirió que de primera instancia es evidente que ahí existe una serie de problemas con el uso de sustancias puesto que el hecho de explotar contenedores habla de un manejo inseguro en un proceso de producción.
La también fundadora del Colegio de Toxicología de Jalisco mencionó que a diferencia del caso suscitado en Veracruz con la misma compañía, existe una similitud en cuanto a las probables causas que iniciaron el siniestro. La diferencia radicó que en Izúcar no se generó un incendio de grandes proporciones; y que éste no se sofocó de la misma forma ya que de haberse usado agua hubieran originado un problema en el subsuelo.
Cabe recordar que a finales del pasado mes de marzo Agricultura Nacional, el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros y el Consejo Ciudadano de ese municipio acordaron la realización de un estudio ambiental a esa empresa con el objetivo de ofrecer certidumbre a las autoridades y a la población de que esa agroquímica operará de manera segura en este lugar.