La empresa Agricultura Nacional cumplió su advertencia y presentó una denuncia en contra del ex presidente de Izúcar de Matamoros Rubero Suárez y 18 habitantes más que abiertamente han manifestado su rechazo a la presencia de la agroquímica Dragón en ese municipio.
A todos ellos les exige el pago de 61 millones de pesos por un presunto “daño moral y económico”, al mantener cerrada la fábrica ubicada en la carretera a San Juan Epatlán durante casi un año.
Por lo pronto, algunos de los señalados lograron ampararse y retrasaron la primera audiencia con el juez que lleva el caso hasta el próximo 6 de abril, lo que consideraron un primer revés para la empresa.
Ayer por la mañana se manifestaron frente al juzgado de lo civil de esta ciudad los integrantes del Consejo Ciudadano, no sólo para reiterar su repudio a la fábrica sino para apoyar a sus compañeros Mario Rincón, Miguel Oliver, Hugo Crespo, Eugenio Rojas Balderas y otros integrantes de la agrupación.
Entre los denunciados por Agricultura Nacional se encuentran el investigador Armando García Azcué –el primero que señaló y documentó las consecuencias de la fábrica en la región, así como en Córdoba, Veracruz, cuando ésta era Anaversa–, así como el periodista Ciro de Gante Fortoso, del diario regional Enlace.
El ex edil Suárez Matías no acudió a la cita, sino que envió a su representante legal pero los integrantes del consejo no descartaron realizar un “frente común” con el político y juntar sus defensa contra Dragón.
Será a más tardar el próximo jueves cuando los izucarenses señalados por la empresa ofrezcan una conferencia de medios en esta capital, donde expongan a la opinión pública sus argumentos en contra de la demanda y de la empresa.
A finales de enero pasado, el director general de Agricultura Nacional, Xavier Quijano Garmendia, advirtió que sería en las próximas semanas cuando reabriría su fábrica debido a que no existía un fundamento legal para que continuara cerrada.
También anticipó que presentaría una jurídica en contra del presidente municipal, y de los integrantes del Consejo Ciudadano, para exigir un pago millonario por el tiempo que ha estado cerrada la factoría.
Hace unas semanas, junto con su director jurídico Jorge Llosa Sánchez, anunció que la agroquímica no se irá del estado y que entrará en operaciones luego de que sostengan un encuentro con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y el actual presidente municipal de Izúcar, Carlos Gordillo Ramírez.
Sostuvo que la agroquímica Dragón cumple con las leyes mexicanas en materia de riesgos sanitarios e impacto ambiental, y aseguró que hay “amplios sectores de la población a favor de que la empresa continúe operando”.
A todos ellos les exige el pago de 61 millones de pesos por un presunto “daño moral y económico”, al mantener cerrada la fábrica ubicada en la carretera a San Juan Epatlán durante casi un año.
Por lo pronto, algunos de los señalados lograron ampararse y retrasaron la primera audiencia con el juez que lleva el caso hasta el próximo 6 de abril, lo que consideraron un primer revés para la empresa.
Ayer por la mañana se manifestaron frente al juzgado de lo civil de esta ciudad los integrantes del Consejo Ciudadano, no sólo para reiterar su repudio a la fábrica sino para apoyar a sus compañeros Mario Rincón, Miguel Oliver, Hugo Crespo, Eugenio Rojas Balderas y otros integrantes de la agrupación.
Entre los denunciados por Agricultura Nacional se encuentran el investigador Armando García Azcué –el primero que señaló y documentó las consecuencias de la fábrica en la región, así como en Córdoba, Veracruz, cuando ésta era Anaversa–, así como el periodista Ciro de Gante Fortoso, del diario regional Enlace.
El ex edil Suárez Matías no acudió a la cita, sino que envió a su representante legal pero los integrantes del consejo no descartaron realizar un “frente común” con el político y juntar sus defensa contra Dragón.
Será a más tardar el próximo jueves cuando los izucarenses señalados por la empresa ofrezcan una conferencia de medios en esta capital, donde expongan a la opinión pública sus argumentos en contra de la demanda y de la empresa.
A finales de enero pasado, el director general de Agricultura Nacional, Xavier Quijano Garmendia, advirtió que sería en las próximas semanas cuando reabriría su fábrica debido a que no existía un fundamento legal para que continuara cerrada.
También anticipó que presentaría una jurídica en contra del presidente municipal, y de los integrantes del Consejo Ciudadano, para exigir un pago millonario por el tiempo que ha estado cerrada la factoría.
Hace unas semanas, junto con su director jurídico Jorge Llosa Sánchez, anunció que la agroquímica no se irá del estado y que entrará en operaciones luego de que sostengan un encuentro con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y el actual presidente municipal de Izúcar, Carlos Gordillo Ramírez.
Sostuvo que la agroquímica Dragón cumple con las leyes mexicanas en materia de riesgos sanitarios e impacto ambiental, y aseguró que hay “amplios sectores de la población a favor de que la empresa continúe operando”.
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