Javier Puga, La Jornada de Oriente. Con el retiro de los sellos de clausura colocados hace un año por el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, la empresa Agricultura Nacional se apresta a recuperar su fábrica de agroquímicos Dragón, ubicada en este municipio.
Los integrantes del Consejo Ciudadano Izucarense, que se oponen a que vuelva a operar por considerarla extremadamente peligrosa y sin ninguna garantía de seguridad, reforzaron la vigilancia en el acceso a la factoría e impiden el paso de persona alguna a las instalaciones.
La noche del viernes un grupo de personas que aseguraron ser empleados del Juzgado Quinto de Distrito, con sede en la capital poblana, se presentó en las instalaciones de Dragón, ubicadas en el kilómetro 5 de la carretera a San Juan Epatlán; procedieron a quitar los sellos de clausura que colocó el gobierno municipal, tras el estallido de 300 kilos del insecticida dimetoato la noche del 24 de marzo de 2010.
Del acto fueron testigos directivos de la empresa quienes ingresaron al lugar y dejaron ahí a un grupo de guardias de seguridad.
La organización de la sociedad civil que se opone a la reapertura señaló que Agricultura Nacional está cometiendo una ilegalidad al retirar los sellos, pues la única instancia para hacerlo es el gobierno que encabeza Carlos Gordillo.
Su representante, José Rincón Bravo, afirmó que el ayuntamiento sostuvo que no tuvo conocimiento de la acción que emprendió el juzgado, pues en ningún momento le notificó sobre esta acción.
Agregó que tiene información de que la Comuna emprenderá alguna acción legal al respecto, pero mientras tanto los sellos deben ser nuevamente colocados.
El Consejo Ciudadano reforzó su plantón fuera de Dragón y le pidió a los vigilantes de la empresa de seguridad privada que contrató la dirección que salieran del lugar, lo que aceptaron los vigilantes. En este momento no se está realizando ninguna actividad dentro de la fábrica, subrayó Rincón Bravo.
El activista hizo un llamado a la comunidad de Izúcar de Matamoros para mantener la tranquilidad en el municipio y que el movimiento que está en contra de la agroquímica se mantenga por la vía pacífica, ante lo que consideró son las provocaciones de los dueños de esta para que vuelva a funcionar.
Por ello, indicó, será el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas el responsable de algún incidente que ocurra en esta demarcación, pues es la administración estatal la que insta a Agricultura Nacional a recuperar su propiedad, a pesar de que “es un peligro para Izúcar”.
Será este martes cuando directivos de la empresa, representantes del Consejo Ciudadano y el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros se reúnan en la Secretaría de Gobernación, en una mesa de diálogo, y se trate de llegar a algún acuerdo.
Sin embargo, trascendió que la reunión será para hacerles saber a los habitantes organizados en ese movimiento y al ayuntamiento la reapertura de Dragón.
Mientras, los habitantes continúan con los preparativos para conmemorar un año del estallido dentro de la fábrica, que causó pánico e incertidumbre de miles de habitantes que tuvieron que dormir varados en la carretera a Puebla, y que exhibió la poca preparación del ayuntamiento izucarense en materia de protección civil.
Los integrantes del Consejo Ciudadano Izucarense, que se oponen a que vuelva a operar por considerarla extremadamente peligrosa y sin ninguna garantía de seguridad, reforzaron la vigilancia en el acceso a la factoría e impiden el paso de persona alguna a las instalaciones.
La noche del viernes un grupo de personas que aseguraron ser empleados del Juzgado Quinto de Distrito, con sede en la capital poblana, se presentó en las instalaciones de Dragón, ubicadas en el kilómetro 5 de la carretera a San Juan Epatlán; procedieron a quitar los sellos de clausura que colocó el gobierno municipal, tras el estallido de 300 kilos del insecticida dimetoato la noche del 24 de marzo de 2010.
Del acto fueron testigos directivos de la empresa quienes ingresaron al lugar y dejaron ahí a un grupo de guardias de seguridad.
La organización de la sociedad civil que se opone a la reapertura señaló que Agricultura Nacional está cometiendo una ilegalidad al retirar los sellos, pues la única instancia para hacerlo es el gobierno que encabeza Carlos Gordillo.
Su representante, José Rincón Bravo, afirmó que el ayuntamiento sostuvo que no tuvo conocimiento de la acción que emprendió el juzgado, pues en ningún momento le notificó sobre esta acción.
Agregó que tiene información de que la Comuna emprenderá alguna acción legal al respecto, pero mientras tanto los sellos deben ser nuevamente colocados.
El Consejo Ciudadano reforzó su plantón fuera de Dragón y le pidió a los vigilantes de la empresa de seguridad privada que contrató la dirección que salieran del lugar, lo que aceptaron los vigilantes. En este momento no se está realizando ninguna actividad dentro de la fábrica, subrayó Rincón Bravo.
El activista hizo un llamado a la comunidad de Izúcar de Matamoros para mantener la tranquilidad en el municipio y que el movimiento que está en contra de la agroquímica se mantenga por la vía pacífica, ante lo que consideró son las provocaciones de los dueños de esta para que vuelva a funcionar.
Por ello, indicó, será el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas el responsable de algún incidente que ocurra en esta demarcación, pues es la administración estatal la que insta a Agricultura Nacional a recuperar su propiedad, a pesar de que “es un peligro para Izúcar”.
Será este martes cuando directivos de la empresa, representantes del Consejo Ciudadano y el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros se reúnan en la Secretaría de Gobernación, en una mesa de diálogo, y se trate de llegar a algún acuerdo.
Sin embargo, trascendió que la reunión será para hacerles saber a los habitantes organizados en ese movimiento y al ayuntamiento la reapertura de Dragón.
Mientras, los habitantes continúan con los preparativos para conmemorar un año del estallido dentro de la fábrica, que causó pánico e incertidumbre de miles de habitantes que tuvieron que dormir varados en la carretera a Puebla, y que exhibió la poca preparación del ayuntamiento izucarense en materia de protección civil.
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